Análisis de las impugnaciones en materia de contratación pública en el Ecuador

Los mecanismos de impugnación contemplados en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública fueron concebidos por el legislador como una herramienta que permitiría a los oferentes que participan en un procedimiento de contratación hacer valer sus derechos de petición o protección ante...

Descripción completa

Detalles Bibliográficos
Autor: Paredes Reinoso, Silvia Lorena
Tipo de recurso: tesis de maestría
Estado:Versión publicada
Fecha de publicación:2016
País:Ecuador
Institución:Universidad Andina Simón Bolivar
Repositorio:Repositorio Universidad Andina Simón Bolivar
Idioma:español
OAI Identifier:oai:repositorio.uasb.edu.ec:10644/5412
Acceso en línea:http://hdl.handle.net/10644/5412
Access Level:acceso abierto
Palabra clave:CONTRATACIÓN PÚBLICA
IMPUGNACIÓN
LEGISLACIÓN ECUATORIANA
Descripción
Sumario:Los mecanismos de impugnación contemplados en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública fueron concebidos por el legislador como una herramienta que permitiría a los oferentes que participan en un procedimiento de contratación hacer valer sus derechos de petición o protección ante los órganos de contratación, sin embargo, en el momento de su aplicación se han venido presentando una serie de inconvenientes que han causado desidia en los oferentes, quienes han preferido dejar de impugnar, pues conocen bien que las entidades contratantes se mantendrán en sus decisiones, lo cual a la larga no solo ha causado problemas a los oferentes sino también a las entidades contratantes y a la colectividad que se beneficiaría con la ejecución de una obra, bien o servicio. Como es evidente se ha generado una problemática por este motivo que si bien intentó ser resuelta con las reformas constantes en la Ley Reformatoría a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, no tuvo el efecto deseado, de esta manera es necesario realizar un análisis adicional para ver cuál serían las mejores opciones y mecanismos para garantizar los derechos de los oferentes a reclamar y recurrir.