| Sumario: | La Resolución No. 12-2015, publicada en el Suplemento del Registro Oficial No. 592 de 22 de septiembre de 2015, por la Corte Nacional de Justicia del Ecuador, ha suscitado gran interés en un amplio sector de la doctrina jurídica, puesto que se determina como precedente judicial obligatorio, esto es que los jueces de garantías penales deben observar generalmente, al momento de imponer la sanción a una o varias personas que hayan sido declaradas culpables por el delito de tráfico ilícito de sustancias sujetas a fiscalización, la acumulación de la pena privativa de libertad, según sea la sustancia sicotrópica, o estupefaciente, o preparado que la contenga, y su cantidad, sin que en ningún caso esta pena exceda el límite temporal dispuesto en el artículo 55 del Código Orgánico Integral Penal (COIP). La acumulación de la pena en este delito, a criterio de la Corte Nacional de Justicia, deriva de la determinación normativa contenida en el tipo penal de tráfico ilícito de sustancias estupefacientes, sicotrópicas o preparados que la contengan. Evidentemente, la acumulación de la pena es un fenómeno jurídico que afecta la realidad de las personas que son encontradas culpables por el delito en mención. Frente a ello, existen principios y derechos constitucionales que juegan en favor de los procesados que hacen posible observar a la resolución No. 12-2015 de la Corte Nacional de Justicia, como una medida de carácter penal que no se ajusta al principio constitucional de proporcionalidad.
|
|---|
