El procedimiento directo y su incidencia en el debido proceso y la tutela judicial efectiva.
La entrada en vigencia en el año 2014 del Código Orgánico Integral Penal constituyó un avance importante en materia penal para los ecuatorianos y fortaleció el sistema judicial. Este cuerpo legal vino a reemplazar el Código Penal y el Código del Procedimiento Penal. El COIP establece procedimientos...
| Autor: | |
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| Formato: | tesis de maestría |
| Estado: | Versión publicada |
| Fecha de publicación: | 2023 |
| País: | Ecuador |
| Recursos: | Universidad Católica de Santiago de Guayaquil |
| Repositorio: | Repositorio Universidad Católica de Santiago de Guayaquil |
| Idioma: | español |
| OAI Identifier: | oai:repositorio.ucsg.edu.ec:3317/21271 |
| Acesso em linha: | http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/21271 |
| Access Level: | acceso abierto |
| Palavra-chave: | DERECHO PROCESAL PENAL VULNERACION DE DERECHOS SISTEMA JUDICIAL ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA |
| Resumo: | La entrada en vigencia en el año 2014 del Código Orgánico Integral Penal constituyó un avance importante en materia penal para los ecuatorianos y fortaleció el sistema judicial. Este cuerpo legal vino a reemplazar el Código Penal y el Código del Procedimiento Penal. El COIP establece procedimientos especiales entre los cuales se encuentra el procedimiento directo. El procedimiento directo agrupa todas las etapas del proceso en una sola audiencia, siempre que se cumplan los requisitos para su aplicación. Lo anterior ha generado una controversia en el ámbito profesional debido a que el corto tiempo de sustanciación de este procedimiento podría vulnerar el debido proceso y la tutela judicial efectiva. En ese sentido el objetivo del estudio es analizar el procedimiento directo y su incidencia en el debido proceso y la tutela judicial efectiva. Mediante una investigación cualitativa y con la aplicación de métodos descriptivos, análisis-síntesis y explicativo se evidenció que este procedimiento no permite que el procesado tenga un juicio justo y equitativo; además se validó la premisa sobre la vulneración del debido proceso y la tutela judicial efectiva. |
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