La vulneración del derecho al trabajo por la reducción de la jornada laboral establecida en el artículo 20 de la ley humanitaria
La Constitución de la República del Ecuador en el artículo 33 define al trabajo como un derecho y un deber social, como la fuente de realización personal y la base de la economía, de tal manera que es el Estado quien está obligado a garantizar a las personas trabajadoras el pleno respeto a su dignid...
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| Tipo de recurso: | tesis de maestría |
| Estado: | Versión publicada |
| Fecha de publicación: | 2021 |
| País: | Ecuador |
| Institución: | Universidad Regional Autónoma de los Andes |
| Repositorio: | Repositorio Universidad Regional Autónoma de los Andes |
| Idioma: | español |
| OAI Identifier: | oai:dspace.uniandes.edu.ec:123456789/13254 |
| Acceso en línea: | https://dspace.uniandes.edu.ec/handle/123456789/13254 |
| Access Level: | acceso abierto |
| Palabra clave: | VULNERACIÓN DERECHO LEY HUMANITARÍA |
| Sumario: | La Constitución de la República del Ecuador en el artículo 33 define al trabajo como un derecho y un deber social, como la fuente de realización personal y la base de la economía, de tal manera que es el Estado quien está obligado a garantizar a las personas trabajadoras el pleno respeto a su dignidad, una vida decorosa, remuneraciones y retribuciones y el desempeño de un trabajo saludable; el derecho al trabajo se constituye en una necesidad humana que obligatoriamente debe ser tutelada por el estado, mediante el incentivo de políticas públicas que estimulen al trabajo a través de todas sus modalidades, así como también a través de la protección de los derechos laborales de los trabajadores, debiendo cumplirse con lo establecido en el artículo 3 de la Constitución, que dispone: “Son deberes primordiales del Estado: 1.Garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales…” (Asamblea Nacional Constituyente, 2018, pág. 12), es decir, que de ninguna manera y bajo ningún concepto el estado puede desamparar a los trabajadores y se encuentra en la obligación constante de tutelar los derechos que por ley les asisten, tanto más al haberse plasmado en este mismo cuerpo legal en su artículo 11 numeral 9, que “el más alto deber del Estado consiste en respetar y hacer respetar los derechos garantizados en la Constitución” (Asamblea Nacional Constituyente, 2018, pág. 17). |
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