Los presupuestos procesales de la prisión preventiva en el delito de violación y la falta de seguridad jurídica genera impunidad
Al tratar sobre la prisión preventiva, se busca el equilibrio entre la facultad punitiva del Estado y el de garantizar el cumplimiento de los derechos de los individuos, lo cual se ha logrado con la aplicación de las garantías del debido proceso, así como buscar el respeto de los derechos de las víc...
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| Tipo de recurso: | tesis de maestría |
| Estado: | Versión publicada |
| Fecha de publicación: | 2017 |
| País: | Ecuador |
| Institución: | Universidad Regional Autónoma de los Andes |
| Repositorio: | Repositorio Universidad Regional Autónoma de los Andes |
| Idioma: | español |
| OAI Identifier: | oai:dspace.uniandes.edu.ec:123456789/5481 |
| Acceso en línea: | http://dspace.uniandes.edu.ec/handle/123456789/5481 |
| Access Level: | acceso abierto |
| Palabra clave: | Presupuestos Procesales Prisión Preventiva Delito de Violación Seguridad Jurídica |
| Sumario: | Al tratar sobre la prisión preventiva, se busca el equilibrio entre la facultad punitiva del Estado y el de garantizar el cumplimiento de los derechos de los individuos, lo cual se ha logrado con la aplicación de las garantías del debido proceso, así como buscar el respeto de los derechos de las víctimas, asegurando el pleno cumplimiento de la justicia, con la certeza de que los jueces van a decidir en casos iguales de la misma forma, siendo ésta una garantía que se relaciona con el principio de la seguridad jurídica, la previsibilidad de las decisiones judiciales da certeza sobre el contenido material de los derechos y obligaciones de las personas, y la única forma en que se tiene esa certeza es cuando se sabe que en principio los jueces han interpretado y van a seguir interpretando el ordenamiento jurídico de manera estable y consistente, lo que va a permitir que los ciudadanos tengamos pleno conocimiento de nuestros derechos y obligaciones, encontrando la correcta formulación del derecho positivo y en su correcta aplicación, fundamentado siempre en los derechos fundamentales de las personas y en los derechos colectivos de los grupos y orientados hacia su efectiva vigencia, una seguridad jurídica legalizada y legítima. |
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