El poder punitivo, la prisión preventiva en los delitos de drogas de menor escala transgreden los derechos humanos de los procesados
Con una reforma al Artículo 220 del Código Orgánico Integral Penal que permite contar con una medida de prisión preventiva para delitos donde se oferte, almacene, intermedie, distribuya, compre, venda, envíe, transporte, comercialice, importe, exporte, tenga, posea o en general sustancias estupefaci...
| Autor: | |
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| Tipo de recurso: | tesis de maestría |
| Estado: | Versión publicada |
| Fecha de publicación: | 2017 |
| País: | Ecuador |
| Institución: | Universidad Regional Autónoma de los Andes |
| Repositorio: | Repositorio Universidad Regional Autónoma de los Andes |
| Idioma: | español |
| OAI Identifier: | oai:dspace.uniandes.edu.ec:123456789/5472 |
| Acceso en línea: | http://dspace.uniandes.edu.ec/handle/123456789/5472 |
| Access Level: | acceso abierto |
| Palabra clave: | Poder Punitivo Prisión Preventiva Delito de Drogas |
| Sumario: | Con una reforma al Artículo 220 del Código Orgánico Integral Penal que permite contar con una medida de prisión preventiva para delitos donde se oferte, almacene, intermedie, distribuya, compre, venda, envíe, transporte, comercialice, importe, exporte, tenga, posea o en general sustancias estupefacientes y psicotrópicas o preparados, se evitará violaciones a los derechos de los procesados (consumidores- adictos) que han sido detenidos con sustancias ilícitas sujetas a fiscalización en un procedimiento directo. Como se puede evidenciar en los estudios que en los últimos años se han efectuado en nuestro país acerca del consumo de sustancias sujetas a fiscalización, más aún cuando nuestra legislación protege a las personas adictas a las drogas siendo estas que para poder consumirlas deberían comprarla, tenerla, poseerlas este tipo de sustancias ilícitas. Lo indicado en el párrafo anterior representa que al momento de procesarlo a una persona que ha sido detenida con sustancias ilícitas sujetas a fiscalización y ponerle una prisión preventiva estaríamos re victimizándola y excediéndose el aparato punitivo estatal ya que si bien es cierto en nuestra legislación no existe una entidad que certifique o acredite que una persona es adicta o no. |
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