La seguridad jurídica en materia de contratación pública ecuatoriana, periodo 2018 – 2022
El sistema nacional de contratación pública fue creado como respuesta frente a la ausencia de planificación, discrecionalidad en las compras y despilfarro de los recursos públicos; con el fin de articular los organismos públicos para que programen sus contrataciones del ejercicio fiscal. Consecuente...
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| Tipo de recurso: | tesis de maestría |
| Estado: | Versión publicada |
| Fecha de publicación: | 2022 |
| País: | Ecuador |
| Institución: | Universidad del Azuay |
| Repositorio: | Repositorio Universidad del Azuay |
| Idioma: | español |
| OAI Identifier: | oai:dspace.uazuay.edu.ec:datos/12586 |
| Acceso en línea: | http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/12586 |
| Access Level: | acceso abierto |
| Palabra clave: | SEGURIDAD JURÍDICA CONFIANZA LEGÍTIMA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS CONTRATACIÓN PÚBLICA SERVICIO NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA-SERCOP |
| Sumario: | El sistema nacional de contratación pública fue creado como respuesta frente a la ausencia de planificación, discrecionalidad en las compras y despilfarro de los recursos públicos; con el fin de articular los organismos públicos para que programen sus contrataciones del ejercicio fiscal. Consecuentemente, se realizaron varias reformas para innovar la contratación pública y crear procedimientos ágiles, transparentes, eficientes y a la vanguardia de la tecnología, dirigidos a facilitar las acciones de control de las partes involucradas en el proceso de compra. El objetivo de esta investigación fue determinar si estas reformas en materia de la contratación pública ecuatoriana han vulnerado el derecho constitucional a la seguridad jurídica y la prestación oportuna de los servicios públicos; para lo cual, se aplicó el método mixto, integrando la investigación cualitativa y cuantitativa. Los resultados de la investigación sugieren que las normas actuales impiden a los artesanos, pequeños productores y microempresas participar con ofertas competitivas. De igual manera, evidencian que las reformas realizadas, vulneran el derecho a la seguridad jurídica, la confianza legítima; y afectan de forma directa a la planificación de las entidades contratantes, conllevando al retraso en los trámites administrativos de los procesos de contratación y en la ejecución de los proyectos. |
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