La destitución de servidores públicos de elección popular por la procuraduría general de la nación: violación de la convención américana sobre derechos humanos. Análisis especial de la destitución del Alcalde de Bogotá: Gustavo Petro Urrego en 2013
La presente investigación tiene como fin evaluar, específicamente, la sanción de destitución, y de inhabilidad para el ejercicio de funciones públicas, de servidores públicos de elección popular como facultad sancionatoria de la Procuraduría General de la Nación, a la luz del marco normativo constit...
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| Tipo de recurso: | tesis de maestría |
| Estado: | Versión publicada |
| Fecha de publicación: | 2017 |
| País: | Colombia |
| Institución: | Universidad Militar Nueva Granada |
| Repositorio: | Repositorio UMNG |
| Idioma: | español |
| OAI Identifier: | oai:repository.unimilitar.edu.co:10654/16550 |
| Acceso en línea: | http://hdl.handle.net/10654/16550 |
| Access Level: | acceso abierto |
| Palabra clave: | Inhabilidad Destitución de funcionarios públicos de elección popular Procuraduría General de la Nación Derechos políticos Gustavo Petro FUNCIONARIOS PUBLICOS CARRERA ADMINISTRATIVA ELECCIONES Disability Destitution of public officials of popular choice Attorney General of the Nation Political rights |
| Sumario: | La presente investigación tiene como fin evaluar, específicamente, la sanción de destitución, y de inhabilidad para el ejercicio de funciones públicas, de servidores públicos de elección popular como facultad sancionatoria de la Procuraduría General de la Nación, a la luz del marco normativo constitucional interno y del bloque de constitucionalidad, para establecer que la destitución de funcionarios públicos elegidos por sufragio popular es violatoria de la jurisprudencia de las Altas Cortes colombianas y, también, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). Esta última, es igualmente vinculante y obligatoria para todos los operadores judiciales de los Estados miembros de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica de 22 de noviembre de 1969). Para demostrar lo anterior se ha elegido como ejemplo el caso de la destitución mediante una decisión administrtiva (no judicial) del Alcalde de Bogotá, Gustavo Petro Urrego, expedidad por la Procuraduría General de la Nación. |
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