Deforestación de bosques nativos y acumulación por desposesión: el caso de la provincia de Salta, Argentina (1998-2016)

Como es bien sabido, la deforestación es una grave problemática socio-ambiental a escala global. Con indicadores que superan holgadamente los inquietantes promedios mundiales, latinoamericanos y nacionales, Salta es una de las provincias más desmontadas de Argentina. Sobre la base de estadísticas of...

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Detalles Bibliográficos
Autor: Gómez Lende, Sebastián
Tipo de recurso: artículo
Estado:Versión publicada
Fecha de publicación:2021
País:Argentina
Institución:Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas
Repositorio:CONICET Digital (CONICET)
Idioma:español
OAI Identifier:oai:ri.conicet.gov.ar:11336/125498
Acceso en línea:http://hdl.handle.net/11336/125498
Access Level:acceso abierto
Palabra clave:DEFORESTACIÓN
BOSQUES NATIVOS
ACUMULACIÓN POR DESPOSESIÓN
TALA ILEGAL
ARGENTINA
https://purl.org/becyt/ford/5.7
https://purl.org/becyt/ford/5
Descripción
Sumario:Como es bien sabido, la deforestación es una grave problemática socio-ambiental a escala global. Con indicadores que superan holgadamente los inquietantes promedios mundiales, latinoamericanos y nacionales, Salta es una de las provincias más desmontadas de Argentina. Sobre la base de estadísticas oficiales departamentales, literatura académica e información periodística, este trabajo busca demostrar que durante el período 1998-2016 la destrucción del bosque nativo en Salta ha constituido una modalidad de acumulación por desposesión basada en dos procesos: por un lado, los desmontes como mecanismo de destrucción de formas de producción precapitalistas, despojo de la tierra, expulsión de campesinos y aborígenes y aumento de la violencia rural; y por el otro, las políticas ambientales como dispositivos de mercantilización de la naturaleza, apropiación privada de recursos públicos y fomento de la deforestación ilegal. Los resultados muestran la pérdida de 1,4 millones de hectáreas de bosques para liberar tierras para la expansión de la frontera agropecuaria y que casi el 40% de la tala realizada entre 2007 y 2016 fue clandestina. Con epicentro en cuatro departamentos, este proceso implicó altos niveles de conflictividad socio-ambiental, clara connivencia estatal con los intereses del capital y ejercicio sistemático del fraude, la violencia y la ilegalidad.

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