LA Referencia
Red de Repositorios de Acceso Abierto a la Ciencia
Con inmenso y profundo dolor anunciamos el fallecimiento de Alberto Cabezas
Alberto fue el secretario ejecutivo de LA Referencia desde 2013, lideró el proceso que convirtió el proyecto original en una red estable regional. Nadie hizo tanto para que nuestra red se consolide y gane la importancia que tiene hoy. ¡La Ciencia Abierta en América Latina le debe mucho a Alberto Cabezas!
Trabajó incansablemente en la búsqueda de oportunidades para que la ciencia de la región tuviese la visibilidad y el respeto que se merece. Más allá de sus logros profesionales, quienes integramos LA Referencia perdimos a un amigo muy querido. Su manera “chilena” al hablar, su buena onda y activa energía nos inspiraron durante todo este tiempo.
Será muy duro para nosotros seguir sin él, pero creemos que la mejor manera de honrar su memoria es seguir adelante buscando ser cada día más fuertes. Solo tenemos palabras de agradecimiento y reconocimiento para Alberto. Amigo, gracias por todo. ¡Descansa en paz!
Bianca Amaro, presidenta de LA Referencia: “Estamos logrando una visibilidad como región que antes no teníamos”
Para Bianca Amaro, presidenta de LA Referencia, el trabajo realizado durante su gestión se resume en distintos intentos para que otros países de la región ingresen a la Red. Este trabajo se centra en discusiones encaminadas hacia la concientización de la importancia de la ciencia abierta para los países, así como los beneficios que ofrece ser parte de LA Referencia. Esto ha llevado a que Amaro enfatice en que “estamos logrando una visibilidad como región que antes no teníamos”.
Estos esfuerzos para sumar a más países a LA Referencia, comenta Amaro, no es un convencimiento, sino más bien el enseñar que una actuación en bloque es mucho más efectiva que una actuación de un solo país o incluso, de microrregiones dentro de la misma región latinoamericana. Para Amaro, ser parte de esta Red trae muchos beneficios.
Precisamente, uno de los mayores beneficios son los avances tecnológicos que se han logrado ir articulando con el pasar de los años. LA Referencia provee a sus países miembros apoyo en este sentido, buscando crear facilidades tecnológicas para el acceso a la Ciencia Abierta.
Amaro explica que se han lanzado “muchos avances tecnológicos y estos son muy reconocidos en todo el mundo. Todas las iniciativas quieren escuchar la posición de LA Referencia”, puntualizó.
Para la presidenta de LA Referencia el reto más grande continúa siendo precisamente la ampliación de la Red. Amaro considera que las personas encargadas de asuntos de ciencia en los países, han olvidado que la ciencia es un bien público. “Pero cuando hablamos de ciencia, la gente tiene una mentalidad preconcebida y dice, público pero no tanto, entonces es difícil tratar de hacerles entender que precisamente que aquello que está hecho con recursos públicos debe ser público”, explicó Amaro.
Luchar con los mitos alrededor de la ciencia abierta y todo lo que ella significa, ha sido también otro de los muros que Amaro ha tratado de derribar. “Uno de los más graves es que me van a robar mi investigación, o nos van a robar la ciencia nacional y esto es un mito, es falso,, hay un dicho que dice: lo más abierto posible y lo más cerrado cuando es necesario”, destacó Amaro.
En cuanto a este reto, Amaro afirma que a través de esfuerzos como LA Referencia, el mundo “... va a conocer nuestra ciencia, y la van a valorar”.
Finalmente, Amaro considera que el trabajo futuro de LA Referencia debe estar centrado en la estructuración de lo que ya se ha conseguido, es decir, en fomentar las prácticas relacionadas a la Ciencia Abierta, asimismo como el impulsar la creación de legislaciones sobre el Acceso Abierto, porque, considera, que “con esto es menos difícil la actuación de los países”.
Encuesta sobre Big Deals señala que América Latina gasta un poco más de USD 100 millones al año en recursos de información
· Participaron 11 países de la región latinoamericana
· 82% de los países encuestados dicen que sus expectativas sobre negociaciones de Big Deals se han visto transformadas por la importancia del movimiento de Acceso Abierto
· 79% de los montos informados (un poco más de USD 81 millones) se va a grandes editoriales. Elsevier consume la mayor parte de este dinero.
La Primera Encuesta Regional sobre Negociación y Contratación de Recursos de Información 2019 mostró que América Latina, de acuerdo a los 11 países informantes, gasta un poco más de USD 100 millones en recursos de información (revistas, bases de datos y libros electrónicos), este dato no incluye pagos por APC (Article Processing Charges) ni las suscripciones que contratan universidades y otras instituciones que demandan este tipo de recursos.
María Soledad Bravo-Marchant y Alberto Cabezas-Bullemore, autores del estudio, detallan en el informe que este trabajo busca “(…) cuantificar el gasto que destinaban nuestros países a suscripciones de paquetes de revistas y los mecanismos de contratación y licenciamiento” (p.4).
Este trabajo se remonta a la Segunda Reunión de Consorcios de América Latina y El Caribe, realizada en octubre de 2018 en Santiago de Chile, en donde se priorizó la búsqueda de la autorización de la European University Association para replicar la encuesta sobre Big Deals en la región. La investigación se centra en las contrataciones de tipo Big Deal con cinco grandes editores: American Chemical Society, Elsevier, Springer-Nature, Taylor&Francis y Wiley.
Los autores explican que Big Deal debe entenderse como la “(…) suscripción a una nómina de cientos de revistas, a veces todo el listado de un editor, sin que el comprador pueda suprimir títulos o armar una colección a su medida o necesidad” (p.7).
Para los autores, “el corolario es que enfrentamos una falla de mercado que debemos abordar con políticas públicas específicas porque en el particular mercado de la comunicación científica el “precio” no desempeña, muchas veces, el rol que la economía siempre le ha asignado como regulador de la oferta y la demanda” (p.6).
Se invitó a participar en la encuesta a 13 países, pero solo 11 de estos respondieron: Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, Chile, Ecuador, El Salvador, Nicaragua, Panamá, Perú y Uruguay. México y Paraguay no pudieron participar, el primero por el cambio de Gobierno a finales de 2018 y el segundo porque no se obtuvo una respuesta.
Resultados
De acuerdo a la investigación son los Estados Nacionales quienes en su mayoría realizan las negociaciones de Big Deals (46%), seguido de los Consorcios de Universidades y otras organizaciones (36%).
El 55% de los países dice que cuenta con un comité directivo que supervise las políticas de recursos documentales electrónicos. Dichos comités suelen estar conformados por especialistas en ciencias de la información y representantes de organizaciones miembros del consorcio o de los programas nacionales de acceso.
El 55% de los países comenta que las universidades desempeñan algún rol en los procesos de negociación. En la mayoría de los casos (84%) el rol es como negociador principal o como el aportante de los recursos (36%).
En cuanto a los procesos de negociación, los países manifiestan ciertas preocupaciones en los contratos. Se detallaron tres que sobresalen: la reducción de costos, la integridad de las colecciones que se contratan y el control de costos.
Otro dato importante es que el 73% de los países encuestados comentaron tener una política o una estrategia nacional de acceso abierto. Aún pese a esto “(…) 91% de los contratos de Big Deal que este instrumento catastró no incluye ninguna cláusula sobre este aspecto” (p.17).
No obstante, una luz surge ante todos estos datos y es que los países encuestados dicen que en negociaciones futuras sí desean incluir cláusulas sobre acceso abierto, sobre todo encaminadas hacia la ruta verde.
Lo anterior se suma a que el 82% dice que sus expectativas en los procesos de negociación y contratación han cambiado teniendo en cuenta la importancia que ha adquirido el movimiento de Acceso Abierto en los últimos años. Se menciona, por ejemplo: “Hemos introducido el tema en el proceso de negociación, a pesar de la reluctancia de algunos editores. Hemos conseguido incluir cláusulas de ruta verde en algunos de los contratos (Springer, Wiley). Hemos visto rebajas marginales de precios por efecto del tránsito de algunos títulos a formatos de acceso abierto (OUP, Wiley, Annual Reviews, Elsevier con el acuerdo SCOAP3)” (p.18).
Sobre la ruta dorada, se consultó si en los programas nacionales de acceso existía algún sistema de monitoreo para recolectar datos sobre los fondos destinados a pagar por publicar las tarifas denominadas APC (Article Processing Charges). Solo uno de los países dice poseer esta información. Se les consultó también si las suscripciones y los pagos por publicar (APC) estaban incluidos en el mismo contrato, todos los países respondieron que no.
Sobre los números de contratos Big Deals, los países reportan un total de 139 contratos, pero esta cifra se basa en la información que tienen los representantes que participaron de la encuesta, por lo que se trata de estimaciones. Aún así, el 73% de los países dice que no existe ninguna organización a nivel nacional responsable de recolectar y procesar información sobre los contratos.
Enormes gastos
“Los once consorcios encuestados reportan un gasto anual aproximado en recursos electrónicos (revistas, bases de datos y libros electrónicos) de USD 102.788.847. El monto excluye pagos por APC y las suscripciones que contratan las universidades y otras instituciones que demandan este tipo de recursos, por lo que el monto informado subestima el gasto de la región” (p.25).
El origen de estos fondos proviene, en su mayoría (55%) de universidades y agencias de gobierno.
Se reporta, además, un total de 31 contratos con las cinco editoriales mencionadas anteriormente, lo que totaliza un monto de USD 81.343.894. Esto representa el 79% de los montos informados por los consorcios en contrataciones de Big Deals a escala regional.
En cuanto a la participación de estas casas editoriales, el 62,06% es tomada por Elsevier, seguido de Springer-Nature con un 22,62%, los últimos lugares son ocupados por Wiley (7,80%), Taylor&Francis (3,85%) y : American Chemical Society (3,68%). Para los países, el primero de estos es el que implica mayor dificultad a la hora de negociar un acuerdo.
Otro aspecto tratado fue el tema de la duración de los contratos, un poco más del 33% no suelen alcanzar un año, el 26% dura dos años y solo un 13% dura cinco años. Para los investigadores: “La disparidad habla de una región que vive en un proceso permanente de negociación de contratos con toda la presión que ello implica para los presupuestos nacionales e institucionales y para los equipos a cargo de estos procesos” (p.40).
Finalmente, los autores hacen el llamado a seguir fortaleciendo la comunicación científica en la región y señalan esfuerzos que se han venidos realizando en los últimos años: “En la región hay actores relevantes en la edición científica como la red SciELO, iniciada en Brasil en 1997, y otras iniciativas que se han ido perfilando en el tiempo como LA Referencia, que nuclea a los repositorios de diez países que operan con estándares internacionales con el fin de visibilizar la producción científica de la región” (p.45).
Patricia Muñoz: “lo que es financiado con recursos públicos debe estar disponible para la generación de nuevo conocimiento”
- Entrevista sobre la Política de Acceso Abierto planteada por la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo (ANID), Chile.
LA Referencia conversó con Patricia Muñoz, encargada del Programa de Información Científica de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo (ANID), de Chile, para conocer el trabajo que esta entidad está realizando para que el país implemente, a partir de 2020, la Política de Acceso Abierto a Información Científica y Datos de Investigación.
Muñoz puntualizó que hace más de 10 años se viene trabajando en la Política de Acceso Abierto, específicamente desde el momento en que Chile hace su proceso de ingreso a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Esta organización le señaló al país la necesidad de mejorar la accesibilidad a los datos científicos, especialmente a aquellos que se generan desde el financiamiento con fondos públicos.
La base para generar la iniciativa se desarrolló desde la antigua Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica (CONICYT), institución que terminó transformándose en la ANID.
Durante el proceso que permitió crear la Política, el equipo de trabajo se acercó a las distintas comunidades científicas y públicos interesados para poder entender la cultura existente sobre los datos.
Muñoz comentó en la entrevista que la Política estuvo detenida durante un tiempo, pero esto permitió que el mundo avanzara en el tema de la ciencia y los datos abiertos, lo que permitió encontrar mejores soluciones a retos que habían identificado tiempo atrás: uso de plataformas, manejo de los datos, entre otros. Incluso especificó que LA Referencia ha jugado un papel importante en el contexto de infraestructura tecnológica, por esto considera que la organización “tiene una gran presencia en generar competencias técnicas y de servicio que no todos los países tienen”.
Esta Política también tiene de trasfondo una visión casi personal -parafraseando a Muñoz Palma- y en la que se resume esta iniciativa: “lo que es financiado con recursos públicos debe estar disponible para la generación de nuevo conocimiento, para generar competencias, para acelerar procesos de investigación. En este sentido la Política responde a eso”.
De acuerdo con el documento escrito de la Política, la misma está definida en dos fases:
· Primera Fase: sigue el modelo de la Ruta Verde. Los datos responden a los principios FAIR (en inglés: Findability, Accessibility, Interoperability and Resusability), es decir: Encontrable, Accesible, Interoperable y Reusable. Se busca que en un plazo de dos años se recopilen los antecedentes necesarios sobre el uso de la información y de los datos, los costos asociados a su gestión y los gastos en que incurren las personas investigadoras al publicar.
· Segunda fase: en este momento se buscará implementar la Ruta Dorada, en donde se eliminarían los periodos de embargo de la Ruta Verde y dejaría las publicaciones disponibles en acceso abierto de manera inmediata.
Finalmente, Muñoz tiene claro que esta iniciativa plantea retos, ante esto detalló que “esto es un cambio que está acorde a los tiempos sí, pero es un cambio cultural para muchos”.
Acá podrán encontrar el resumen de la entrevista que se realizó
El OCTS-OEI presenta un explorador sobre la investigación latinoamericana en COVID-19
El Observatorio Iberoamericano de la Ciencia, la Tecnología y la Sociedad (OCTS) puso a disposición información sobre la investigación latinoamericana en Covid-19 a partir del seguimiento en tiempo real de las instituciones —universitarias y científicas— activas que se encuentran en la región. Los datos son obtenidos de tres fuentes complementarias: la base de datos de revistas científicas PubMed, la red de repositorios LA Referencia y un conglomerado de noticias periodísticas relevadas por la Oficina de Ciencias para América Latina de UNESCO.
Los usuarios pueden acceder a la información estadística por dos caminos: por un lado, un resumen gráfico que surgen del procesamiento realizado con cada fuente; por el otro, un explorador más detallado donde se puede desgranar los datos según país e institución.
El OCTS se comprometió a continuar monitoreando las tendencias y los nuevos frentes de investigación relacionados con la lucha de la ciencia para encontrar una cura al COVID-19.
Puede acceder al explorador aquí.
La encuesta realizada por COAR no encontró barreras para que los repositorios cumplan con el Plan S
En 2019, el grupo de financiadores conocidos como cOAlición S adoptó el Plan S, una serie de principios y requerimientos para que pongan en acceso abierto, completo e inmediato las publicaciones científicas evaluadas por pares resultado de investigaciones que este grupo financia. Se busca que el plan entre en vigor a partir de 2021. Una de las rutas para el cumplimiento del Plan S es que los autores coloquen la versión publicada, o el Manuscrito aceptado por el Autor (Author’s Accepted Manuscript, AAM), disponible en acceso abierto, inmediato y con una licencia abierta en un repositorio conforme a las disposiciones con el Plan S.
Para cumplir con el Plan S, las plataformas de software de repositorios, los gestores de repositorios y los usuarios de repositorios deben conocer los requerimientos y, en algunos casos, adoptar nuevas prácticas y funcionalidades. En abril y mayo de 2020 COAR, junto con la cOAlición S, realizaron una encuesta sobre plataformas de repositorios con el fin de evaluar la capacidad actual e intenciones de soportar los requerimientos del Plan S, así como identificar retos relacionados a su implementación.
Los resultados de la encuesta muestran que la mayoría de las plataformas de repositorios son compatibles con los criterios obligatorios del Plan S y en los pocos casos que no, se tienen planes para desarrollar las funcionalidades necesarias. Además, muchos de los requerimientos altamente recomendados ya son cumplidos por las plataformas. Como siguiente paso, COAR y la cOAlición S continuarán su trabajo conjunto para asegurar que los repositorios estén bien representados y para desarrollar una guía más detallada que les ayude con las principales funcionalidades previstas en el Plan S.